En enero de 1973, el director saliente de la agencia central de inteligencia estadounidense ordenó destruir los archivos de un programa de investigación que llevaba veinte años en marcha. La orden se cumplió: los expedientes operativos, los informes de resultados y buena parte de la correspondencia desaparecieron.
Cuatro años después, una solicitud de acceso a la información amparada en la ley federal de transparencia dio con siete cajas que se habían salvado. No estaban en el archivo del programa sino en un centro de almacenamiento de registros contables, clasificadas como documentación económica. Nadie las había considerado parte del expediente porque, técnicamente, eran facturas.
De esas cajas sale casi todo lo que se sabe con papel en la mano. En agosto de 1977, un comité del Senado celebró una sesión pública específica sobre el asunto, y a partir de ahí el programa dejó de ser una sospecha para convertirse en un hecho documentado, con contratos, importes y destinatarios. Lo que sigue separa ese registro de lo que se le ha añadido después.
El expediente en seis líneas
- Qué era: un programa de investigación sobre modificación de la conducta aprobado en 1953, con casi ciento cincuenta subproyectos.
- Qué se destruyó: los archivos sustantivos, en 1973, por orden del director de la agencia.
- Qué sobrevivió: varios miles de páginas de registros financieros, mal clasificadas y por eso no incluidas en la destrucción.
- Qué demuestran: quién cobró, cuánto y para qué línea de trabajo. Rara vez, qué resultado se obtuvo.
- Qué está probado: administración de sustancias sin consentimiento, financiación encubierta de hospitales y universidades y al menos una muerte relacionada.
- Qué no consta: ningún control mental operativo conseguido. La documentación disponible apunta justo a lo contrario.
1953: por qué se aprueba un programa así
El contexto es el de la primera década de la guerra fría. Los procesos públicos en países del bloque oriental, en los que acusados de perfil sólido se autoinculpaban con textos aprendidos, y después las declaraciones de prisioneros de guerra estadounidenses en Corea, instalaron en Washington la idea de que el adversario disponía de una técnica para desmontar y reconstruir una voluntad.
La respuesta institucional tuvo dos caras. Una defensiva: averiguar cómo protegerse de esa técnica y cómo entrenar al personal propio para resistirla. Y otra ofensiva: comprobar si podía replicarse y usarse en interrogatorio, reclutamiento o desinformación. Los programas anteriores, iniciados en 1950 y 1951 con otros nombres en clave, ya habían trabajado sobre hipnosis, drogas y privación sensorial.
El programa que se aprueba en la primavera de 1953 unifica esas líneas y añade una decisión de método que resulta decisiva: se financiará a través de fundaciones interpuestas, de modo que los investigadores universitarios contratados no sepan necesariamente quién paga ni con qué finalidad última.
La orden de destruir y el archivo que quedó fuera
La destrucción de 1973 no fue un incidente, fue una decisión tomada en un momento de presión política creciente sobre los servicios de inteligencia. Eliminaba precisamente el material que habría permitido evaluar resultados: informes de los investigadores, correspondencia técnica y expedientes de los sujetos.
Lo que se salvó lo hizo por una razón burocrática. Los pagos del programa se tramitaban como cualquier otro gasto y esa documentación viajaba por un circuito distinto, el de contabilidad, con su propio calendario de conservación y su propio depósito físico. Al ordenarse la destrucción se actuó sobre el archivo del programa, no sobre el del departamento financiero.
Es la lección más útil del caso para cualquiera que trabaje con archivos. Una operación grande deja rastro en sitios que sus responsables no controlan, porque el dinero pasa por manos administrativas ajenas al secreto. La documentación económica es, sistemáticamente, la más difícil de eliminar y la que más información estructural conserva.
Qué contienen realmente esos papeles
Conviene rebajar la expectativa antes de abrirlos. No hay confesiones ni descripciones novelescas. Hay órdenes de pago, solicitudes de asignación presupuestaria, memorandos internos justificando un gasto, cartas de aprobación de subproyectos y resúmenes de una o dos páginas en los que se describe el objeto del contrato en términos administrativos.
Con eso se reconstruye bastante. Se obtiene la lista de líneas de trabajo: sustancias que alteran la conducta, hipnosis, privación sensorial, electroshock, interrogatorio bajo efectos de fármacos, sustancias para incapacitar temporalmente, materiales para causar amnesia. Se obtienen los tipos de institución receptora. Y se obtiene la cronología de altas y bajas de cada subproyecto.
Lo que no se obtiene es el resultado. En la inmensa mayoría de los casos no consta qué se concluyó, porque esa parte estaba en el archivo destruido. Esa asimetría, mucho detalle sobre el gasto y casi ninguno sobre el hallazgo, es la que ha permitido a cualquiera proyectar sobre el hueco lo que quisiera.
Hay además un problema de lectura que afecta a cualquier archivo de este tipo. Los memorandos internos están escritos en un lenguaje administrativo deliberadamente neutro, con eufemismos estables para designar procedimientos que hoy se describirían de otro modo. Traducir esa jerga exige leer series enteras y comparar cómo se usa cada expresión en distintos contextos, no aislar una frase llamativa.
Ochenta instituciones que en su mayoría no sabían para qué
Del recuento presentado en la sesión de 1977 salió una cifra que se ha citado desde entonces: en torno a ochenta instituciones implicadas, entre ellas más de cuarenta universidades y facultades, una quincena de fundaciones y empresas, una docena de hospitales y tres establecimientos penitenciarios.
El mecanismo de financiación encubierta hace que ese dato deba leerse con cuidado. Muchos de esos centros recibieron dinero a través de una fundación con apariencia académica y ejecutaron investigación que no tenía nada de clandestino: farmacología, psicología del aprendizaje, efectos del aislamiento. Buena parte de los investigadores no sabía de dónde venía el fondo ni qué uso se pensaba dar a sus resultados.
Ese es el aspecto más incómodo del expediente y el que menos se comenta, porque no se resuelve con la imagen del científico cómplice. El problema estructural fue que un organismo de inteligencia se convirtió en financiador oculto de una parte de la investigación biomédica de su país, distorsionando la agenda de trabajo de laboratorios que creían responder a una fundación privada.
Casas seguras, prostitución contratada y espejos de una cara
Una de las líneas operativas, desarrollada en dos ciudades estadounidenses, consistió en alquilar apartamentos, amueblarlos, instalar espejos con visión desde la habitación contigua y equipos de grabación, y contratar a mujeres que trabajaban en la prostitución para que llevaran allí a hombres desconocidos. A esos hombres se les administraba una sustancia psicodélica sin su conocimiento y se observaba su comportamiento.
La finalidad declarada era estudiar los efectos en condiciones no controladas de laboratorio y evaluar si un sujeto bajo esos efectos revelaba información. La operación estuvo dirigida por un agente federal de estupefacientes que compatibilizaba ambas funciones, y funcionó durante años.
No hubo consentimiento, ni seguimiento clínico, ni forma de localizar después a los afectados. La documentación conservada permite establecer el alquiler de los inmuebles, el gasto y la existencia de la línea de trabajo; no permite saber cuántas personas pasaron por allí. Los sujetos eran, por diseño, imposibles de rastrear.
Una muerte en noviembre de 1953
El caso mejor documentado de daño individual ocurrió muy al principio. Durante una reunión de trabajo en un retiro rural, un grupo de científicos vinculados a un programa militar de defensa biológica fue dosificado con una sustancia psicodélica sin saberlo, en el contexto de un ensayo del propio programa.
Uno de ellos, bioquímico del ejército, entró en un cuadro de agitación y depresión grave en los días siguientes. Fue trasladado a Nueva York para ser atendido y murió al caer por la ventana de la habitación de un hotel a finales de noviembre de aquel año. La versión oficial durante dos décadas fue el suicidio, sin mención alguna de la sustancia.
La relación entre ambos hechos solo se hizo pública en 1975, cuando las investigaciones parlamentarias sobre los servicios de inteligencia sacaron el asunto a la luz. La familia recibió una indemnización aprobada por el Congreso y una disculpa presidencial. Las circunstancias exactas de la caída siguen discutidas, con una reapertura posterior de la investigación que no llegó a conclusión firme.
Montreal: el subproyecto que acabó en los tribunales
El episodio con consecuencias jurídicas más largas ocurrió fuera de Estados Unidos. Un instituto psiquiátrico universitario canadiense recibió financiación a través de la misma fundación interpuesta para una línea de investigación sobre lo que su responsable denominaba reconfiguración de patrones de conducta.
El procedimiento combinaba varias técnicas aplicadas de forma intensiva: sueño inducido farmacológicamente durante semanas, sesiones repetidas de electroshock con parámetros superiores a los habituales, administración de sustancias psicodélicas y reproducción continua de mensajes grabados durante horas. Los pacientes que lo recibieron habían acudido por cuadros de depresión o ansiedad y no fueron informados de que participaban en una investigación.
Los efectos descritos posteriormente incluyen pérdida de memoria autobiográfica extensa y permanente, y deterioro funcional. Un grupo de afectados litigó durante años; hubo un acuerdo indemnizatorio del gobierno canadiense a comienzos de los noventa para una parte de ellos, y los procedimientos judiciales de otros afectados han seguido activos décadas después.
Programas, fechas y qué consta de cada uno
| Programa | Periodo aproximado | Objeto declarado | Estado de la documentación |
|---|---|---|---|
| Primer programa de interrogatorio | Desde 1950 | Hipnosis, sueros de la verdad, resistencia al interrogatorio | Muy fragmentaria |
| Segundo programa, ampliado | Desde 1951 | Interrogatorio con fármacos y evaluación de sujetos | Fragmentaria |
| Programa principal | 1953 a 1964 | Modificación de conducta, casi ciento cincuenta subproyectos | Solo registros financieros |
| Programa sucesor | 1964 a 1973 | Continuación reducida de las mismas líneas | Muy escasa |
| Líneas de sustancias y materiales | Años cincuenta y sesenta | Agentes incapacitantes y letales | Parcial, vía comisiones de 1975 |
La columna de la derecha explica el fenómeno cultural entero. Cuando el estado de la documentación es escaso y el objeto declarado es inquietante, el espacio intermedio lo ocupa la imaginación, y no hay forma de refutar nada porque no hay papel contra el que contrastar.
Lo que la propia agencia concluyó
De los pocos documentos evaluativos que sobrevivieron, incluidos informes de inspección interna, se desprende una conclusión que contradice la versión popular. Las sustancias psicodélicas resultaron demasiado impredecibles para uso operativo: el efecto variaba enormemente entre personas, la información obtenida era poco fiable y el sujeto quedaba en un estado en el que resultaba tan sugestionable como incoherente.
La hipnosis tampoco dio lo que se buscaba. La literatura experimental posterior es bastante consistente en que no se consigue que una persona ejecute bajo hipnosis un acto radicalmente contrario a sus valores sin conciencia de ello, y en que la sugestionabilidad hipnótica varía mucho entre individuos y no es entrenable a voluntad.
El programa produjo, eso sí, un cuerpo de conocimiento sobre interrogatorio coercitivo, aislamiento y desorientación que sí tuvo continuidad y aplicación posterior. El daño real no vino de un control mental que nunca existió, sino de manuales de coerción psicológica que sí se escribieron y se usaron.
Merece la pena señalar por qué ese resultado era previsible. Las sustancias que se ensayaron alteran la percepción y la sugestionabilidad de manera masiva, y precisamente por eso destruyen el valor probatorio de cualquier declaración obtenida bajo su efecto. Un interrogador que droga a un sujeto consigue que hable más, no que diga la verdad, y no tiene forma de distinguir una cosa de la otra después.
El fenómeno tiene un parentesco directo con lo que ocurre en cualquier situación de expectativa intensa, donde la respuesta del sujeto se moldea con lo que percibe que se espera de él. Es el mismo terreno que se analiza al estudiar el peso de la expectativa en experiencias intensas, y explica por qué un protocolo sin grupo de comparación no sirve para nada, ni en un laboratorio universitario ni en una casa franca.
Lo que se ha añadido sin respaldo documental
Sobre este expediente se ha construido una segunda capa que conviene distinguir con claridad. Incluye la existencia de un programa jerárquico de creación de personalidades múltiples controladas, la afirmación de que determinados autores de crímenes célebres actuaron bajo control inducido, y la idea de que el programa continúa hoy bajo otro nombre.
Ninguna de esas afirmaciones se apoya en documento conocido. Proceden en su mayor parte de testimonios recuperados en terapia durante los años ochenta y noventa, un periodo en el que las técnicas de recuperación de recuerdos generaron un volumen enorme de relatos que después no resistieron comprobación.
El argumento que se opone siempre es que la ausencia de documentos se debe a la destrucción de 1973. Es cierto que esa destrucción impide demostrar la inexistencia de una línea concreta, y ese es su coste histórico. Pero un archivo destruido no es prueba de nada: convierte la afirmación en incomprobable, no en probable. La distinción es la misma que ordena el expediente de Roswell, donde un secreto real y aburrido tapó durante décadas la comprobación de una hipótesis mucho más llamativa.
Cómo se lee un expediente desclasificado
- Mire la cabecera antes que el texto. Organismo emisor, fecha, nivel de clasificación y destinatario dicen si el papel es lo que se afirma que es.
- Distinga propuesta de resultado. Un documento que solicita fondos describe lo que alguien quería hacer, no lo que se hizo ni lo que salió.
- Compruebe la cadena de custodia. Los archivos nacionales, como el archivo federal estadounidense, publican signaturas y series. Un documento sin referencia localizable no es citable.
- Desconfíe de la transcripción. Buena parte de las citas que circulan procede de textos copiados a mano, con errores y frases movidas de contexto.
- Lea también los tachones. La extensión y la posición de lo censurado informan sobre qué tipo de dato se protege, casi siempre nombres y fuentes.
- Contraste con las actas parlamentarias. Las sesiones publicadas por bibliotecas legislativas, entre ellas la biblioteca del Congreso, permiten fijar qué se afirmó bajo juramento y qué se añadió después.
Preguntas frecuentes
¿MKUltra existió realmente o es una teoría de conspiración?
Existió, y está entre los casos mejor documentados de programa encubierto con daño a personas. Consta en actas parlamentarias, en documentos financieros desclasificados y en sentencias judiciales. Lo que sí funciona como teoría de conspiración es una parte de lo que se le ha atribuido después.
¿Se consiguió controlar la mente de alguien?
La documentación conservada no lo sostiene y los informes evaluativos internos apuntan al fracaso. Lo que sí se obtuvo fueron técnicas de coerción psicológica basadas en aislamiento, desorientación y agotamiento, que no requieren nada exótico y que tuvieron aplicación posterior.
¿Por qué se destruyeron los archivos si el programa había terminado?
Por el momento político. A comienzos de los setenta se anticipaba una revisión parlamentaria a fondo de las actividades de los servicios de inteligencia, que en efecto llegó en 1975. La destrucción eliminó la parte del expediente con mayor capacidad de generar responsabilidad individual.
¿Hubo experimentos con presos y pacientes psiquiátricos?
Sí, y es de lo mejor establecido. Hay constancia de administración de sustancias a internos de centros penitenciarios y a pacientes de un centro federal de investigación sobre adicciones, en algunos casos durante semanas seguidas, y de pacientes psiquiátricos sometidos a procedimientos intensivos sin información previa.
¿Sirvió de algo el escándalo?
Cambió el marco normativo. De aquellas investigaciones salieron restricciones expresas a la experimentación con seres humanos sin consentimiento informado, y una arquitectura de comités de ética que hoy es estándar en la investigación biomédica. Ese cambio, y no el programa, es el legado con efectos duraderos.
¿Tiene algo que ver con la investigación sobre percepción extrasensorial?
Son líneas distintas, aunque coincidieron en el tiempo y en algún financiador. Los programas de percepción a distancia son posteriores y siguieron su propio camino administrativo, con una trayectoria que se puede seguir en la historia de los laboratorios que trabajaron en ese campo y en los informes de evaluación que los cerraron.
